El gobierno de Sudán del Sur confirmó la recepción de ocho personas deportadas desde Estados Unidos, entre ellas el ciudadano mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, quien fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua en el estado de Florida.
De acuerdo con información oficial, los individuos fueron trasladados tras una orden autorizada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Previamente, se encontraban bajo custodia en una base militar estadounidense en Yibuti.
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Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur, los hombres fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Yuba el sábado anterior. Aunque no se especificó el lugar donde se encuentran retenidos, se informó que las autoridades locales están a cargo de su custodia, revisión médica y bienestar.
El grupo deportado está conformado por personas originarias de Cuba, Laos, México, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur. Todos fueron condenados por delitos considerados violentos, como homicidio o violación.
La decisión del gobierno estadounidense ha generado inconformidad en sectores civiles de Sudán del Sur. El activista Edmund Yakani expresó preocupación ante la llegada de personas con antecedentes penales, destacando que el país enfrenta desafíos importantes en infraestructura, servicios básicos y estabilidad económica.
Desde su independencia en 2011, Sudán del Sur ha dependido en gran medida de la ayuda internacional. Actualmente, enfrenta complicaciones debido a la disminución en la producción petrolera y al conflicto interno en el vecino Sudán, que ha afectado sus rutas de exportación.
El ciudadano mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 12 de mayo de 2025. Según los registros, cuenta con una condena previa de 25 años por asesinato en segundo grado y es identificado como presunto miembro de la pandilla «Brown Pride», aunque sin un cargo de liderazgo dentro de la organización.
La medida de deportación forma parte de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca, enfocada en la expulsión de personas con antecedentes penales. Esta política ha sido criticada por organismos que señalan posibles violaciones a derechos fundamentales como el debido proceso.
Con información de N+
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