Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que tres cooperativas de limpieza, constituidas a inicios de 2026 ante el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), obtuvieron contratos por adjudicación directa por más de 76 millones de pesos en el DIF y en las secretarías del Trabajo y Anticorrupción apenas dos meses después de su creación.
De acuerdo con el reportaje, las cooperativas Dehe Sak Agua Limpia, Juntos por la Limpieza y el Bienestar y Bienestar de Limpieza y Buen Servicio fueron creadas entre enero y febrero de este año. Posteriormente recibieron contratos para prestar servicios de limpieza en dependencias federales.
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La investigación también documenta que, en al menos dos casos, las adjudicaciones directas fueron respaldadas por estudios de mercado elaborados con las mismas cooperativas que posteriormente obtuvieron los contratos.
MCCI asegura que integrantes de estas cooperativas afirmaron desconocer la firma de los contratos y los montos adjudicados. Además, señalaron que el INAES administra las cuentas bancarias, firma los contratos mediante la firma electrónica de las cooperativas y controla los recursos obtenidos, así como un préstamo de 3 millones de pesos otorgado por Financiera para el Bienestar (Finabien).
Según testimonios recabados por la organización, trabajadores de limpieza fueron invitados desde 2025 a dejar empresas privadas para integrarse a cooperativas con la promesa de convertirse en sus propios patrones. Sin embargo, algunos aseguraron que no recibieron directamente los recursos del préstamo ni cuentan con comprobantes sobre su uso.
La investigación sostiene que empleados del INAES indicaron a algunos socios cómo responder ante cuestionamientos de periodistas y les explicaron que el instituto administra temporalmente las cooperativas mientras aprenden a operar de forma independiente.
MCCI también señala que la legislación vigente faculta al INAES para constituir, registrar y acompañar cooperativas, pero no para administrar sus cuentas bancarias ni celebrar contratos en su nombre. Hasta el cierre de la investigación, el instituto no había emitido una postura sobre los señalamientos.
Con información de La Silla Rota
MM
