En Chiapas se ha detectado la venta de actas de nacimiento y matrimonio a migrantes extranjeros a través de un mercado ilegal que opera en municipios cercanos a la frontera sur. De acuerdo con testimonios recabados por activistas, los documentos pueden costar entre mil 500 y 2 mil 500 dólares y son utilizados principalmente por migrantes cubanos y haitianos que buscan regularizar su situación migratoria.
Las actas son expedidas desde oficinas del Registro Civil y aparecen registradas en el sistema oficial de impresión, además de incluir una CURP certificada. Sin embargo, autoridades consulares han identificado inconsistencias, como la ausencia de anotaciones marginales o números de certificado de nacimiento, lo que ha encendido alertas sobre su autenticidad.
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Según organizaciones que trabajan con población migrante, algunos extranjeros adquieren estos documentos para solicitar pasaportes mexicanos en consulados en Estados Unidos. Con ello, buscan evitar deportaciones y facilitar procesos de reunificación familiar. También se ha identificado la venta de actas de matrimonio, que permiten tramitar residencias temporales o permanentes en México.
Las autoridades realizaron en diciembre un operativo en Tapachula, donde fue desmantelado un cibercafé que operaba frente a oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En el lugar, dos hombres se hacían pasar por abogados y ofrecían trámites migratorios ante instancias federales por montos de entre 2 mil 500 y 5 mil pesos. Tras la intervención, ambos quedaron prófugos.
Paralelamente, la Dirección General del Registro Civil presentó una denuncia ante la Fiscalía de Chiapas contra tres funcionarios del municipio de Tzimol por presuntas irregularidades en la emisión de documentos. La investigación se inició luego de que una auditoría interna detectó anomalías en los sistemas de registro, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por posibles vínculos con redes de tráfico de migrantes.
Aunque el Registro Civil estatal informó que no halló irregularidades generalizadas en sus oficialías, activó protocolos internos para reforzar controles. Además, representaciones diplomáticas mexicanas han detectado casos de actas presuntamente falsas en otros países, lo que sugiere que el problema rebasa el ámbito local.
Especialistas advierten que la falsificación y comercialización de documentos oficiales se ha convertido en un riesgo adicional dentro de las rutas migratorias, al involucrar a intermediarios que lucran con la vulnerabilidad de las personas en movilidad.
Con información de El Universal
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