La Fiscalía General de la República (FGR) detalló cómo, de acuerdo con sus investigaciones, operaba la red de huachicol fiscal presuntamente encabezada por Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el excontralmirante Fernando Farías Laguna, quienes habrían intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal en aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina (Semar).
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la estructura permitía importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburos que ingresaban al país de manera ilegal. Como parte de las investigaciones, la FGR identificó operaciones relacionadas con esta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.
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Godoy señaló que las indagatorias comenzaron a partir de una denuncia presentada en 2024 por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, ante la entonces FGR, en la que se expusieron posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval.
Uno de los principales avances fue el aseguramiento de un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas, que transportaba 10 millones de litros de diésel. Según la Fiscalía, este operativo permitió ampliar las investigaciones sobre la estructura detrás del contrabando de hidrocarburos.
De acuerdo con la explicación de Godoy, los buques salían principalmente de Texas cargados con hidrocarburos que eran declarados como aceite o aditivo, con el objetivo de recibir un tratamiento fiscal distinto. Posteriormente, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente recibían pagos para permitir el ingreso de los cargamentos.
La FGR también señaló que las revisiones aduanales eran presuntamente manipuladas mediante muestreos superficiales, autorización de volúmenes alterados y otras maniobras que permitían liberar el combustible sin una inspección adecuada. Además, la Fiscalía indicó que se establecían horarios de arribo para desactivar cámaras y evitar que quedara registro de las descargas.
Una vez que el combustible llegaba a tierra, era distribuido mediante tres empresas constituidas legalmente. Sin embargo, según las investigaciones, una red de empresas fachada y operaciones financieras trianguladas era utilizada para dar una apariencia legal a los recursos obtenidos por la venta del hidrocarburo.
La Fiscalía indicó que siguió el rastro de accionistas, representantes legales y otras personas vinculadas con las distintas etapas de la operación, y afirmó contar con evidencia de la participación de los hermanos Farías en la cadena investigada.
Godoy sostuvo que las investigaciones continuarán y aseguró que quienes hayan utilizado cargos públicos, uniformes o instalaciones aduanales para favorecer actividades criminales deberán responder ante la justicia.
Con información de El Universal
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