La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes el Plan B de la reforma electoral, una propuesta que busca reducir privilegios en el ejercicio del poder público y fortalecer mecanismos de participación ciudadana como la revocación de mandato. El proyecto fue anunciado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional y será enviado al Senado de la República para su análisis.
La mandataria explicó que la iniciativa contempla una reforma constitucional acompañada de modificaciones legales, entre ellas cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El objetivo es reducir gastos y eliminar privilegios dentro de instituciones y organismos relacionados con el sistema electoral.
Durante la presentación, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la propuesta se basa en el principio de austeridad republicana. Señaló que se busca disminuir los excesos en el servicio público y fortalecer la participación ciudadana en las decisiones políticas.
Entre las medidas planteadas se encuentra la reducción del número de regidurías en los ayuntamientos, que podrían pasar de siete hasta un máximo de 15, además de limitar a una sola sindicatura por municipio. En el caso de los congresos locales, se propone fijar un tope presupuestal equivalente al 0.7% del presupuesto de egresos de cada estado.
La propuesta también establece que funcionarios del Instituto Nacional Electoral, tribunales electorales y organismos locales no podrán percibir salarios superiores al de la presidenta. Asimismo, se plantea eliminar bonos, seguros de gastos médicos mayores y otros ingresos adicionales.
Otro de los puntos centrales es el fortalecimiento de la revocación de mandato, mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede decidir si la persona titular del Ejecutivo debe continuar en el cargo. La propuesta plantea que este ejercicio pueda realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.
Además, el Plan B contempla reformas a leyes secundarias relacionadas con partidos políticos y procesos electorales, incluyendo reglas para transparentar los ingresos de dirigentes partidistas y reportar operaciones financieras en tiempo real, así como restricciones al uso de recursos ilícitos o provenientes del extranjero en campañas electorales.
Con información de MSN
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