Las investigaciones sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, avanzaron con el hallazgo sin vida de dos presuntos involucrados en el ataque, cuyos cuerpos fueron localizados en un tramo de la carretera Uruapan–Paracho, a la altura de Capácuaro. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, uno de ellos tenía 16 años, lo que representa el segundo menor de edad relacionado con el caso.
El hallazgo ocurrió el 10 de noviembre de 2025, nueve días después de que el primer agresor, Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años, fuera abatido la noche del ataque contra Manzo en la plaza principal de Uruapan, durante la celebración del Día de Muertos.
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El gobernador Ramírez Bedolla informó que la FGE verificó la participación de los dos jóvenes encontrados en Capácuaro, quienes, según las investigaciones, acompañaban al autor material en el momento de la agresión. Esta información fue confirmada en coordinación con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
El mandatario agregó que la presencia de adolescentes involucrados en el crimen obliga a revisar el reclutamiento de menores en actividades delictivas en la región, particularmente en zonas con presencia de grupos dedicados a la extorsión y control territorial.
Paralelamente, continúa abierta una línea de investigación sobre el momento en que el agresor de 17 años fue abatido. De acuerdo con la FGE, los hechos ocurrieron tras un forcejeo en el que se detonó un disparo, situación que aún está siendo analizada para determinar el uso de la fuerza por parte de los escoltas municipales. El alcalde contaba con ocho escoltas personales y 14 elementos de la Guardia Nacional asignados a su seguridad.
Tras los nuevos hallazgos, integrantes del Gabinete de Seguridad federal llegaron a Uruapan para reunirse con el gobernador, la alcaldesa Grecia Quiroz —viuda de Manzo— y representantes del sector aguacatero, con el fin de reforzar la vigilancia y atender denuncias de extorsión mediante el llamado Operativo Paricutín.
La FGE mantiene abiertas todas las líneas de investigación, incluidas la actuación de los escoltas, la movilidad de los agresores y la posible participación de más personas vinculadas a estructuras criminales que operan en la zona.
Con información de Infobae
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