Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, afirmó que existe una campaña de desinformación sobre las reformas a la Ley de Amparo aprobadas por el Senado, al asegurar que las modificaciones no limitan los derechos de las personas.
El ministro en retiro explicó que el juicio de amparo es una de las instituciones jurídicas más relevantes del país y que los cambios buscan modernizarlo y hacerlo más ágil. Señaló que la reforma pretende adecuarlo a las necesidades actuales y evitar que sea utilizado con fines ilícitos o socialmente cuestionables.
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Zaldívar destacó que la iniciativa forma parte de la transición hacia una justicia digital, con el propósito de reducir tiempos de trámite y facilitar el acceso a procesos judiciales más eficientes y accesibles.
En cuanto al concepto de “interés legítimo”, aclaró que no fue modificado en su esencia, sino que la ley solo incorporó sus elementos esenciales para dar mayor claridad. Con ello, dijo, se mantiene la protección de derechos colectivos y ambientales.
Respecto a las disposiciones sobre suspensión, mencionó que la reforma agrega dos nuevos supuestos. El primero impide que el amparo se utilice para desbloquear cuentas relacionadas con lavado de dinero, a menos que se acredite el origen lícito de los recursos. En esos casos, el titular de la cuenta podrá realizar pagos esenciales como salarios, impuestos y pensiones alimenticias.
El segundo supuesto establece que quienes realicen actividades federales sin los permisos necesarios no podrán obtener suspensión a través del amparo.
En el ámbito fiscal, la reforma restringe las impugnaciones en la etapa de cobro de créditos fiscales firmes, permitiendo la defensa solo al final del procedimiento, con el objetivo de evitar retrasos que afecten las finanzas públicas.
Con información de Infobae
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