El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha implementado un sistema de incentivos económicos para agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), como parte de una estrategia de reforzamiento del control migratorio. Estos bonos varían desde 28 mil hasta más de 140 mil pesos mexicanos, dependiendo de la zona, el tipo de operativo y el número de detenciones realizadas.
Este esquema fue autorizado dentro del paquete fiscal aprobado por el Congreso el 3 de julio y firmado por el presidente el 4 de julio. La legislación asignó 170 mil millones de dólares a tareas de seguridad fronteriza, incluyendo 75 mil millones para ICE, 46 mil millones para CBP y 45 mil millones para ampliar la red de centros de detención, habilitar prisiones privadas y contratar a 10 mil nuevos agentes.
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Además del salario base —que va de 150 mil a 365 mil pesos mensuales, dependiendo de la antigüedad y desempeño— los agentes reciben bonificaciones adicionales por cumplimiento de metas, colaboración interinstitucional y participación en operativos especiales. En casos específicos, estos bonos no son públicos ni están sujetos a auditorías abiertas, al estar respaldados por disposiciones discrecionales de la ley fiscal.
Filtraciones confirmadas por sindicatos en Texas y Florida indican que los bonos pueden escalar si las detenciones se realizan en áreas consideradas “sensibles”, como hospitales, escuelas o templos. Asimismo, documentos internos muestran que estas recompensas están codificadas bajo claves que evitan su rastreo externo.
El modelo ha sido objeto de críticas por parte de expertos legales, quienes señalan que incentiva arrestos sin causa probable y pone en riesgo garantías constitucionales como la presunción de inocencia. Hasta ahora, se han presentado al menos tres demandas colectivas en distintos distritos judiciales del país, que cuestionan la legalidad del sistema de incentivos y su falta de regulación pública.
Según testimonios de agentes, la presión para cumplir metas ha derivado en detenciones de personas sin antecedentes penales, beneficiarios de programas como DACA e incluso ciudadanos estadounidenses. Esto ha generado tensiones internas en las agencias y desgaste emocional entre el personal operativo.
Con información de El Universal
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