Durante la declaración que marcó el inicio del proceso electoral de Yucatán para el período 2023-2024, Moisés Bates Aguilar, el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), aseguró que se garantizará una competencia justa y llamó a las autoridades, partidos políticos y ciudadanos a ejercer su voto de manera libre para elegir a 835 nuevas autoridades locales en las elecciones del 2 de junio de 2024.
En el evento de arranque, que incluyó los Honores a la Bandera, el Consejo General del Iepac celebró una sesión extraordinaria y firmó un convenio de colaboración con los institutos y tribunales electorales locales de Campeche y Quintana Roo. Además, estuvieron presentes el consejero electoral del INE, Jorge Montaño Ventura; la presidenta de la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos de las Entidades Federativas (AIEEF), Yanko Durán Prieto, quien también es consejera presidenta del Instituto Electoral de Chihuahua, así como representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y de justicia electoral.
Moisés Bates explicó que en las próximas elecciones, que incluyen la elección de gobernador, 106 alcaldes y 35 diputados locales, se necesitarán 18 mil ciudadanos para el funcionamiento de cerca de 3 mil casillas electorales, así como 893 ciudadanos que actuarán como consejeros electorales en los 106 consejos municipales y los 21 consejos distritales locales de mayoría en Yucatán.
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Se estimó que el número de ciudadanos con derecho a voto en Yucatán alcanzará un récord histórico de 1.7 millones de personas. Bates hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que cumplan con sus deberes legales de manera imparcial y eviten cualquier intento de utilizar recursos públicos para influir en las preferencias electorales.
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Los representantes de los ocho partidos políticos presentes en Yucatán (PAN, PVEM, Morena, PRD, Nueva Alianza, PT, PRI y Movimiento Ciudadano) presentaron sus declaraciones sin confrontaciones y coincidieron en la importancia de respetar la legislación electoral y en instar a los tres niveles de gobierno a evitar el uso de recursos públicos con fines electorales.
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