Durante la declaración que marcó el inicio del proceso electoral de Yucatán para el período 2023-2024, Moisés Bates Aguilar, el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), aseguró que se garantizará una competencia justa y llamó a las autoridades, partidos políticos y ciudadanos a ejercer su voto de manera libre para elegir a 835 nuevas autoridades locales en las elecciones del 2 de junio de 2024.
En el evento de arranque, que incluyó los Honores a la Bandera, el Consejo General del Iepac celebró una sesión extraordinaria y firmó un convenio de colaboración con los institutos y tribunales electorales locales de Campeche y Quintana Roo. Además, estuvieron presentes el consejero electoral del INE, Jorge Montaño Ventura; la presidenta de la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos de las Entidades Federativas (AIEEF), Yanko Durán Prieto, quien también es consejera presidenta del Instituto Electoral de Chihuahua, así como representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y de justicia electoral.
Moisés Bates explicó que en las próximas elecciones, que incluyen la elección de gobernador, 106 alcaldes y 35 diputados locales, se necesitarán 18 mil ciudadanos para el funcionamiento de cerca de 3 mil casillas electorales, así como 893 ciudadanos que actuarán como consejeros electorales en los 106 consejos municipales y los 21 consejos distritales locales de mayoría en Yucatán.
Se estimó que el número de ciudadanos con derecho a voto en Yucatán alcanzará un récord histórico de 1.7 millones de personas. Bates hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que cumplan con sus deberes legales de manera imparcial y eviten cualquier intento de utilizar recursos públicos para influir en las preferencias electorales.
Los representantes de los ocho partidos políticos presentes en Yucatán (PAN, PVEM, Morena, PRD, Nueva Alianza, PT, PRI y Movimiento Ciudadano) presentaron sus declaraciones sin confrontaciones y coincidieron en la importancia de respetar la legislación electoral y en instar a los tres niveles de gobierno a evitar el uso de recursos públicos con fines electorales.
