jueves, diciembre 12, 2024
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Debaten prohibición del vapeo mientras usuarios exigen regulación justa

El Senado de la República se prepara para discutir la iniciativa que prohíbe la venta e importación de vapeadores y dispositivos de tabaco calentado, aprobada recientemente en la Cámara de Diputados. Ante esto, usuarios y agrupaciones pro vapeo se manifestaron frente al recinto legislativo, argumentando que la prohibición incentivaría el mercado negro y demandando una regulación que contemple las necesidades de los consumidores.

Con pancartas que decían “¡Prohibido prohibir!” y “El vapeo salva vidas, no lo criminalicen”, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, señalaron que vapear no es equivalente a fumar y exigieron reglas claras en lugar de un veto total. Según Salvador Gutiérrez, representante de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, en México hay más de dos millones de usuarios de estos dispositivos, y afirmó que prohibirlos es una medida desproporcionada que podría llevar el mercado de vapeadores a manos de la delincuencia organizada.

Por su parte, Juan José Cirión Lee, de México y el Mundo Vapeando, pidió aplazar la discusión para realizar un análisis más profundo que incluya evidencia científica y experiencias internacionales. Según él, las restricciones anteriores solo han provocado un aumento en el mercado negro, lo que facilita el acceso de menores a estos productos diseñados exclusivamente para adultos.

Sin embargo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que no se realizarán cambios al dictamen enviado por la Cámara de Diputados, ya que esto retrasaría su aprobación. Agregó que la inclusión de esta medida en la Constitución busca evitar que futuros fallos de la Suprema Corte anulen las restricciones.

Entre tanto, el senador Clemente Castañeda (MC) manifestó su apoyo a los manifestantes, calificando la iniciativa como una “prohibición absurda” y asegurando que su bancada votará en contra.

El debate pone de manifiesto la polarización entre quienes defienden la prohibición para proteger la salud pública y quienes abogan por una regulación que reduzca los riesgos asociados al vapeo y evite su criminalización.

Con información de La Jornada.

AR

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