La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional a los artículos 4º y 27 de la Constitución, que reduce de 68 a 65 años la edad para que las personas adultas mayores reciban una pensión del Estado. Además, la reforma otorga una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
El dictamen fue aprobado con una mayoría calificada de 408 votos a favor, 65 en contra y cero abstenciones, y fue enviado al Senado para su discusión y posible aprobación.
La reforma también establece que el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad permanente, priorizando a los menores de 18 años. Asimismo, se aplicará el principio de progresividad para la asignación de recursos, asegurando que el monto no sea reducido en términos reales respecto a los ejercicios anteriores.
En el artículo 27, se garantiza la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren procesamiento. Además, se brindará apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a pequeños productores y pescadores de pequeña escala. También se mantendrán precios de garantía para productos básicos como maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero.
Una de las modificaciones aprobadas en la reforma fue la presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), que sustituye en el artículo 4º los términos “familia” por “persona” y “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, alineándose con la Agenda 2030 y las directrices de ONU-Habitat. El nuevo texto reconoce que cada persona tiene derecho a una vivienda adecuada, entendida como aquella que ofrece seguridad, servicios, accesibilidad, habitabilidad, asequibilidad y adecuación cultural.
Finalmente, se añadió un artículo transitorio que otorga al Congreso un plazo de 180 días para armonizar la legislación secundaria en materia de vivienda adecuada.
Con información de Aristegui Noticias.
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