Las investigaciones relacionadas con el proceso contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta participación en el caso Ayotzinapa, incorporan información sobre la estructura y disputas de Guerreros Unidos, así como testimonios que señalan que durante su administración se habría ordenado eliminar evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas.
De acuerdo con la indagatoria, Guerreros Unidos surgió como una escisión de la organización Beltrán Leyva tras la muerte de su líder, Arturo Beltrán Leyva, en 2009. El grupo habría concentrado sus actividades en la región central del país y estaría relacionado con delitos como extorsión, secuestro y tráfico de heroína hacia Estados Unidos.
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La investigación también señala que Guerreros Unidos mantenía una disputa por el control de rutas de narcotráfico con Los Rojos, uno de sus principales grupos rivales. Las autoridades investigan si este conflicto tuvo alguna relación con los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
En cuanto a la actuación de funcionarios estatales, una declaración ministerial de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, entonces visitadora general del Consejo de la Judicatura de Guerrero, refiere que el 27 de septiembre de 2014 recibió una llamada de Lambertina Galeana Marín, quien presidía el Tribunal Superior de Justicia estatal.
Según el testimonio, Galeana Marín le informó que Aguirre había instruido al entonces procurador Iñaky Blanco Cabrera, al secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y a ella misma trasladarse al Palacio de Justicia de Iguala.
Posteriormente, el 29 de septiembre, Galeana Marín habría comunicado a Estrada Ortega que el entonces gobernador había ordenado que funcionarios hablaran con ingenieros y técnicos del Palacio de Justicia para eliminar las evidencias relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala.
El documento sostiene que la instrucción habría tenido como finalidad evitar que las pruebas pudieran ser utilizadas para responsabilizar al gobernador o a integrantes de su círculo cercano.
La indagatoria también refiere que el 30 de septiembre de 2014 se realizaron reuniones en Palacio de Gobierno con la participación de Iñaky Blanco Cabrera, Jesús Martínez Garnelo, Lambertina Galeana Marín y Estrada Ortega. En esos encuentros, según el testimonio, Aguirre habría señalado que la situación relacionada con los estudiantes no tendría mayores consecuencias.
Los señalamientos forman parte de las investigaciones que derivaron en el proceso contra Aguirre por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Con información de El Universal
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