Brenda Quevedo continuará en libertad el proceso penal que enfrenta por el caso Wallace, luego de que un juez federal modificó las medidas cautelares que la mantenían en prisión domiciliaria, con brazalete electrónico y vigilancia permanente de la Guardia Nacional.
La decisión fue tomada durante una audiencia virtual realizada entre el 7 y 8 de agosto, que se prolongó aproximadamente 11 horas. El juez determinó que habían cambiado las circunstancias que justificaron las restricciones impuestas en 2024, por lo que ordenó retirar el dispositivo de geolocalización, suspender la custodia permanente y poner fin a la prisión domiciliaria.
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Quevedo deberá continuar sujeta a medidas cautelares menos restrictivas: tendrá que presentarse cada cuatro meses ante el juzgado y permanecer en territorio mexicano, por lo que no podrá salir del país. La resolución no representa una absolución ni significa que el proceso penal haya concluido.
La revisión de las medidas había sido solicitada por la defensa desde marzo de 2026. Entre sus argumentos señaló el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, ocurrido en marzo de 2025, debido a que uno de los motivos utilizados para justificar las restricciones era el supuesto riesgo que Quevedo representaba para ella.
La defensa también sostuvo que Quevedo había cumplido con las medidas impuestas, que no existía riesgo de fuga, que mantiene vínculos familiares en México y que requiere atención médica especializada. La Fiscalía General de la República y representantes legales vinculados con la familia Wallace se opusieron al cambio de medidas y argumentaron que persistía un supuesto riesgo para otros integrantes de la familia, así como de fuga.
El caso se remonta a 2005, cuando Isabel Miranda de Wallace inició una campaña para localizar a los responsables del supuesto secuestro y homicidio de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. Quevedo fue señalada en la investigación, detenida en Estados Unidos en 2007 y extraditada a México en 2009.
Antes de pasar a prisión domiciliaria en junio de 2024, permaneció más de 17 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia de primera instancia.
El expediente también ha sido objeto de señalamientos por violaciones a derechos humanos. En 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en la que reconoció afectaciones al debido proceso y señaló que Quevedo fue víctima de tortura física y sexual. En 2020, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó que su encarcelamiento había sido injustificado y que sus derechos habían sido vulnerados.
Uno de los antecedentes relevantes es el caso de Juana Hilda González Lomelí, quien obtuvo su libertad después de que se acreditara que había firmado una declaración autoinculpatoria como consecuencia de torturas. La defensa de Quevedo sostiene que estos antecedentes, así como criterios de la Suprema Corte sobre pruebas obtenidas mediante tortura, deben ser considerados en la revisión de la evidencia del caso.
En junio de 2026, organizaciones de derechos humanos anunciaron una nueva representación jurídica para Quevedo y la creación de una red de solidaridad y acompañamiento integrada por organizaciones, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, académicos y ciudadanos.
La resolución judicial ocurrió semanas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara revisar el caso. El 16 de julio pidió a la Secretaría de Gobernación y a la Subsecretaría de Derechos Humanos analizar posibles violaciones a derechos humanos; además, solicitó a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, recibir a la defensa de Quevedo y llamó al Tribunal de Disciplina Judicial a revisar la actuación del juez.
Actualmente, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle continúan procesados sin sentencia de primera instancia, mientras otros involucrados en el caso ya fueron sentenciados o se encuentran a la espera de resoluciones judiciales.
Con información de Aristegui Noticias
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