El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre la desarticulación de una red dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, conocida como “huachicoleo”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, tras una investigación que se extendió durante siete meses y que incluyó operativos en distintas entidades del país.
Durante una conferencia conjunta, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que las acciones permitieron la detención de 14 personas, entre ellas Mauricio “N”, alias “El Burras”, identificado como líder de esta célula criminal.
Te puede interesar FGR investiga muerte de capitán en Sonora; Sheinbaum llama a no vincularlo con huachicol
Las autoridades señalaron que la organización operaba mediante un esquema integral que incluía la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado, almacenamiento y distribución, además del uso de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos. Para ello, utilizaban pipas, tractocamiones, e incluso transporte marítimo, así como una red de empresas fachada y prestanombres.
En los operativos se realizaron cateos en al menos 20 inmuebles ubicados en el Estado de México e Hidalgo, donde se aseguraron más de 100 mil litros de gas LP, vehículos, armamento, dinero en efectivo y equipo tecnológico. Asimismo, se clausuró una toma clandestina. De acuerdo con las autoridades, esta red tenía capacidad para extraer hasta 1.5 millones de litros de combustible por semana.
Además, se informó que esta célula surgió tras operativos previos realizados en 2025, en los que fue detenido otro líder criminal, lo que derivó en la reorganización de la estructura delictiva.
Por su parte, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López, explicó que las investigaciones también permitieron identificar esquemas de “huachicol fiscal”, mediante los cuales se simulaban operaciones comerciales con documentación falsa para introducir hidrocarburos al país y evadir controles fiscales.
Estas redes utilizaban empresas fachada —incluyendo un grupo conocido como “petrofactureros”— para aparentar legalidad en la comercialización del combustible, así como sistemas de triangulación financiera para ocultar los recursos obtenidos.
Como parte de las acciones, las autoridades han asegurado bienes por más de 126 millones de pesos y han logrado diversas detenciones y sentencias relacionadas con estos delitos.
Con información de La Jornada
MM
