Un fallo favorable al Estado mexicano en un arbitraje internacional permitió exponer un presunto esquema de corrupción en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), relacionado con la concesión otorgada durante la administración de Miguel Ángel Mancera para la instalación de taxímetros digitales y tabletas en vehículos de alquiler.
De acuerdo con la información presentada por el gobierno mexicano en dicho proceso, el proyecto fue asignado a la empresa Servicios Digitales Lusad SdeRL de CV, filial de compañías demandantes, en medio de irregularidades registradas entre 2016 y 2017. En ese periodo, se emitieron documentos oficiales desde la Semovi que aparentaban acreditar la legalidad de la concesión.
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Sin embargo, las investigaciones federales detectaron inconsistencias, ya que varios de estos documentos no contaban con respaldo en archivos institucionales, lo que llevó a concluir que algunos habrían sido falsificados para simular su validez. Entre ellos, se identificó un documento que presuntamente llevaba la firma de Rufino H. León Tovar, aunque para ese momento ya no ocupaba el cargo.
Además, se señaló la posible participación de funcionarios que habrían avalado dichos documentos en beneficio de particulares, quienes buscaban obtener ingresos mediante comisiones por viajes, publicidad en tabletas y servicios de wifi en taxis.
Aunque en 2017 la Auditoría Superior de la Ciudad de México determinó que el proceso de asignación había cumplido con los requisitos, las indagatorias posteriores evidenciaron anomalías que no fueron detectadas en su momento. Asimismo, se indicó que la empresa beneficiada tenía conocimiento previo de su selección.
El proyecto no logró implementarse completamente durante su periodo de prueba, que abarcó de agosto de 2016 a agosto de 2018, además de enfrentar inconformidades por parte de organizaciones de taxistas.
Con información de La Jornada
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