El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Campeche se dividió luego de que 10 de sus 16 integrantes rompieran con la gobernadora Layda Sansores, a quien señalaron por presunta persecución política. En ese contexto, los legisladores aprobaron reformas para restituir el fuero constitucional, con el objetivo de evitar posibles detenciones.
La ruptura se hizo visible tras la sesión de instalación del periodo ordinario de la 65 Legislatura, cuando agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado cercaron el Palacio Legislativo. Aunque la fiscalía negó que existieran órdenes de aprehensión contra diputados, se reportó que al menos dos legisladores, entre ellos el coordinador parlamentario José Antonio Jiménez Gutiérrez, eran señalados como posibles objetivos.
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Durante la sesión, Jiménez Gutiérrez afirmó que enfrenta un proceso de presión política derivado de su función al frente del Poder Legislativo y sostuvo que su actuación ha implicado tomar decisiones complejas frente a prácticas previamente normalizadas. Posteriormente, evitó salir del recinto legislativo y permaneció en sus oficinas acompañado por diputados afines.
El conflicto interno se intensificó desde diciembre, cuando el Congreso recibió la iniciativa de Ley de Ingresos 2026, que contemplaba contratar deuda pública por mil millones de pesos. Jiménez Gutiérrez planteó revisar la propuesta y buscar alternativas para evitar el endeudamiento, postura que generó diferencias con la gobernadora Sansores. Aunque la deuda fue aprobada con modificaciones, el desacuerdo persistió.
En ese contexto, la dirigencia estatal de Morena calificó al legislador como responsable de la división interna. Días después, diputados cercanos a la gobernadora, en alianza con bancadas de oposición, impulsaron la elección de Paul Arce Ontiveros, de Movimiento Ciudadano, como presidente de la mesa directiva, lo que confirmó el rompimiento al interior de la bancada morenista.
Posteriormente, el grupo encabezado por Jiménez Gutiérrez destituyó a dos vicecoordinadores parlamentarios afines a la gobernadora y designó nuevos integrantes en esos cargos. Además, en una sesión reservada, aprobaron reformas a la Constitución local y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para restituir el fuero constitucional, eliminado en 2016.
Aunque la aprobación no fue confirmada oficialmente, legisladores señalaron que la medida busca proteger a los diputados ante posibles acciones legales. La restitución del fuero beneficiaría a legisladores que enfrentan investigaciones o procesos judiciales, entre ellos Jiménez Gutiérrez, así como a diputados de otras bancadas.
Una vez publicada la reforma en el Periódico Oficial del Estado, los legisladores no podrían ser detenidos sin un proceso previo de desafuero. No obstante, la gobernadora Layda Sansores aún podría ejercer su facultad de veto para impedir su entrada en vigor.
Con información de La Jornada
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