Miles de campesinos productores de frijol en Zacatecas enfrentan una crisis debido a la falta de operación de la mayoría de los centros de acopio de Alimentación para el Bienestar, organismo que sustituyó a Segalmex. De los 52 centros existentes en la entidad, solo uno recibe grano de manera parcial y selectiva, lo que limita el acceso de los agricultores al precio de garantía establecido en 27 pesos por kilogramo.
Zacatecas es el principal productor de frijol en el país; sin embargo, la imposibilidad de acopiar sus cosechas ha generado problemas de liquidez entre los agricultores, quienes requieren vender parte de su producción para cubrir deudas y gastos de fin de año. Esta situación ha sido aprovechada por intermediarios vinculados al crimen organizado, que desde hace al menos tres años han incrementado su control en la región frijolera de Zacatecas y Durango.
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Fuera de los centros oficiales, estos grupos controlan caminos rurales y carreteras, lo que impide que los campesinos trasladen sus cosechas a otros municipios o estados. Como resultado, los productores son obligados a vender el frijol a precios que oscilan entre cinco y siete pesos por kilogramo, es decir, hasta 20 pesos menos que el precio de garantía.
Un recorrido por comunidades productoras del municipio de Sombrerete, como Charco Blanco, González Ortega y Colonia Hidalgo, permitió constatar que la mayoría de los centros de acopio permanecen abiertos solo de forma nominal, sin recibir grano. El único centro operativo acepta frijol únicamente de un porcentaje reducido de productores y con un límite máximo de 500 kilogramos por persona.
Productores locales señalaron que dicho volumen resulta insuficiente, ya que muchas parcelas generan varias toneladas por cosecha. La mayor parte del frijol que no es aceptado en los centros oficiales debe venderse a intermediarios, bajo presión y a precios que no cubren los costos de producción, como diésel, semillas, maquinaria y mano de obra.
Además, los campesinos expresaron inconformidad por la importación de frijol y otros granos del extranjero, al considerar que la producción nacional no está siendo absorbida de manera prioritaria. En este contexto, solicitaron que el gobierno federal incremente el volumen de compra por productor y reactive plenamente los centros de acopio en la entidad.
La falta de información oficial sobre el funcionamiento de los centros, así como el temor generado por la presencia del crimen organizado, ha limitado que los agricultores hagan públicas sus denuncias. En las zonas productoras no se observa presencia regular de fuerzas de seguridad, lo que mantiene a miles de campesinos con sus cosechas retenidas en sus comunidades.
Con información de La Jornada
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