Vidulfo Rosales Sierra presentó su renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con lo que deja de representar legalmente a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en 2014.
Rosales, abogado del centro durante 24 años, defendió a mujeres víctimas de tortura, campesinos afectados por despojos de tierras, personas víctimas de desaparición y colaboró con la policía comunitaria, manteniendo una relación cercana con las familias de los casos que representó. La decisión fue comunicada directamente a los padres de los estudiantes el pasado sábado, y se atribuye a motivos personales y de salud.
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Aunque se ha mencionado que Rosales podría incorporarse como colaborador del próximo ministro indígena electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, él aclaró que solo sostiene un diálogo preliminar y que aún no hay nada concreto. Sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, señaló que el tema ha sido discutido, pero sin acuerdos firmes hasta el momento.
La defensa de los familiares de los 43 continuará de manera colegiada con los centros de derechos humanos Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez y Serapaz. En una carta fechada el 19 de agosto, Rosales expresó que seguirá defendiendo los derechos humanos “desde otras trincheras” y agradeció al Centro Tlachinollan por su apoyo durante más de dos décadas.
Rosales también recordó su trayectoria en casos emblemáticos, como la represión a estudiantes en Chilpancingo en 2011, la desaparición de los 43 normalistas en 2014, y las agresiones contra defensores de derechos humanos y del agua en Guerrero. Además, enfrentó amenazas que lo obligaron a salir del país en 2012 y a enfrentarse legalmente con autoridades estatales en 2022.
Con información de La Jornada
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