Con 60 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que tipifica como delito la administración subrepticia de sustancias. Esta conducta será castigada con una pena de 2 a 5 años de prisión.
Durante el debate, el diputado del PAN, Ricardo Rubio, destacó que los llamados «pinchazos con jeringa» son una realidad documentada y exigida en redes sociales. Acusó a las autoridades de haberle dado la espalda a las víctimas y de no garantizar vigilancia suficiente en el transporte público.
Esto ocurrió después de que diputadas de Morena acusaran a la oposición de exagerar el fenómeno y montar una campaña negra. Sin embargo, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, defendió la reforma al señalar que ahora la fiscalía contará con sustento legal para sancionar este delito, y mencionó que ya se han desplegado más de 5,800 policías en Metro, Metrobús y transporte público.
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, reconoció el problema, pero criticó la solución. Aseguró que aumentar penas no reduce la incidencia delictiva y llamó a fortalecer las medidas de prevención, no solo el castigo.
La reforma agregó el artículo 141 QUÁTER al Código Penal local, que establece penas de prisión y multas a quien, sin consentimiento, suministre cualquier sustancia de forma oculta, engañosa o encubierta.
Además, se considerarán agravantes si el hecho ocurre en transporte público, instalaciones públicas, eventos masivos, o si la sustancia representa un riesgo para la salud o la vida. En estos casos, la pena puede aumentar hasta 7.5 años de cárcel. Sin embargo, dado que la media aritmética de la pena base es de 4.75 años, no se considerará un delito grave y el acusado podría enfrentar el proceso en libertad.
Con información de MSN
bvp
