La orden para “borrar” del Diario Oficial la reforma judicial provocó un nuevo choque entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Primero, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se encuentre en desacato, al argumentar que no ha sido notificada sobre la suspensión definitiva que ordena eliminar la reforma y dijo que denunciará ante el Consejo de la Judicatura a la jueza Nancy Juárez por “irregularidades”; además, preguntará al Congreso si es factible que una juzgadora ordene esto. Y aunque amenazó que podría presentar un juicio político en su contra, aseguró que no meterá mano.
La presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, aseguró que las autoridades, los gobernantes y los ciudadanos deben cumplir las leyes, pues así se preserva el respeto a la democracia, al Estado de derecho y a la división de poderes, que hacen un Estado constitucional. Piña afirmó que el constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón e indicó que con la reforma judicial México pierde su derecho a una justicia imparcial y el respeto a los derechos humanos, ante la politización de la justicia. Analistas alertan que con el desacato a órdenes judiciales se estaría al borde de una crisis constitucional.
Constitucionalistas advirtieron la posibilidad de encontrarnos al borde de una crisis constitucional en caso de que el Poder Ejecutivo no acate las resoluciones de Poder Judicial como la suspensión para eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial. Agregaron que son consecuencias de una mala reforma, al no tenerse de manera previa las leyes secundarias o transitorios.
Consideraron que es algo inédito y grave que una presidenta de la República no quiera acatar la eliminación en el Diario Oficial de la Federación, pues en un Estado democrático incumplir con las resoluciones es constitutivo de un delito, a la vez que deja en claro que la política está por encima de lo jurídico.
El pasado 17 de octubre la jueza Décimo Noveno de Distrito del estado de Veracruz, Nancy Juárez Salas, ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González, eliminar en un plazo de 24 horas la publicación del decreto de reforma judicial que se emitió en septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Los especialistas resaltaron que cuando a los gobiernos democráticos no les gusta una determinación lo que hacen es impugnar judicialmente, pero la definición no le corresponde ni a la Presidencia ni a la Consejería Jurídica ni a sus asesores, “eso corresponde a los propios tribunales del mundo judicial. Además, se espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, explicaron.
Javier Martín Reyes, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expuso que no cumplir con una resolución judicial es incluso constitutivo de delito, pero no sólo están amenazando con incumplir con las diversas suspensiones que ya se han dictado por distintos jueces. “Lo que están señalando, si hay una sentencia adversa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que no van a cumplir con esa determinación. Eso sí nos pone en crisis constitucional o al borde de una crisis constitucional. No es una actuación acorde con un gobierno democrático”, afirmó. Añadió que un gobierno democrático cuando no está de acuerdo con una determinación primero la acata y luego la impugna, pero el Ejecutivo dejó ver que no planea acatarla.
Refirió que quien tiene la última palabra es la Corte, que es la que debe interpretar la ley.
“La Corte es quien debe decidir, pero el oficialismo está diciendo que no va a cumplir, es gravísimo. ‘Yo solo te voy a cumplir cuando me guste tu sentencia, cuando yo considere que está correctamente dictada’, Ese mensaje están enviando”, sub- rayó Martínez Reyes.
Por su parte, Juan Jesús Garza Onofre, también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó que en las últimas semanas se ha visto en el país algo que no es normal en una democracia, pues los escenarios van cambiando día a día.
“El Ejecutivo mandó el mensaje de que la política está por encima del derecho”, aseguró.
Con información de EL UNIVERSAL
