Yucatán lidera ranking como el Estado donde se aplica mejor la justicia

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De las 32 Entidades del país, Yucatán lidera el ranking como el Estado donde se aplica mejor la justicia, se respetan más los derechos humanos, hay menos corrupción entre funcionarios y servidores públicos de la administración estatal y donde se comenten menos delitos.

El índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, elaborado por la organización World Justice Project (WJP) México, revela que Yucatán ocupa el primer lugar del país porque hay una mayor ausencia de funcionarios corruptos, lo que garantiza una amplitud de democracia y un desarrollo sostenible, pero también porque es una Entidad donde hay más orden y seguridad, y donde el Poder Legislativo y Judicial son contrapesos eficaces del Ejecutivo.

El parámetro se centra en resultados e impactos de políticas públicas. Por ejemplo, si las personas tienen acceso a tribunales o si la delincuencia se controla de manera efectiva; si los ciudadanos y la prensa contituyen un contrapeso al gobierno estatal y si las leyes se cumplen a cabalidad.

El reporte destaca que en la Entidad ha mejorado la efectividad del sistema estatal para sancionar a funcionarios públicos que abusan de sus cargos y facultades, así como la transparencia en los procesos electorales, porque la sociedad civil y la prensa han sido los contrapesos más efectivos del Ejecutivo.

Sin embargo, el orden y la seguridad tuvieron un ligero retroceso, debido al incremento en la prevalencia e incidencia delictiva y al deterioro de la percepción de seguridad de la población de Yucatán.

El correspondiente a 2020-2021 es la tercera edición de este documento, que es un instrumento que mide la situación que guardan las 32 Entidades en materia de Estado de Derecho, considerando ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, y justicia penal.

Al juntar estos ocho parámetros, Yucatán lidera el ranking en el país como la entidad con mayor apego al Estado de Derecho. Sin embargo, al medir cada uno de estos componentes, hay rubros en los que desciende ligeramente.

Alejandro González, director de Proyectos de Estado de Derecho en el WJP, explicó que este índice se mide en una escala de cero al uno, donde éste último es el ideal de la adhesión al Estado de Derecho, y cero lo más alejado.

Yucatán ocupa el primer lugar con un puntaje general de 0.47 pero «ningún Estado logra superar el 0.50, lo cual demuestra que en México todas las Entidades están lejos de aplicar la justicia, de respetar los derechos humanos, de no abusar de sus cargos en el poder, de no violar las leyes y de mantener el orden y la seguridad», apuntó.

Aclaró que los resultado del índice no buscan decir que los estados aprobaron o reprobaron, sino «mostrar que nos enfrentamos a problemas sistemáticos estructurales y que en todo el país hay un estancamiento para tener un estado de derecho robusto»

A pesar de que Yucatán tuvo un pequeño avance en comparación con el resultado del año pasado, Leslie Solís, investigadora del WJP, aseveró que los cambios son “marginales porque no se pueden ver avances significativos de la noche a la mañana, porque se trata de resolver problemas estructurales y todas las Entidades del país aún tienen retos importantes para alcanzar un Estado de Derecho robusto”, comentó durante el taller para medios de comunicación que ofreció el WJP.

Destacó que en los tres años que han realizado la medición de este Índice, Yucatán ha ocupado la primera posición de manera consecutiva, es decir, en 2018, 2019-2020 y en 2020-2021 siempre ha sido la Entidad que tiene mejores resultados, lo cual revela que tiene un Estado de Derecho menos frágil que el resto del país. Especialmente está mejor calificado que su vecino Quintana Roo, quien este año descendió al último lugar, lo cual habla de que en esa Entidad hay un Estado de Derecho débil.

Pese a ser el mejor posicionado a nivel nacional, Yucatán presenta debilidades más fuertes en algunos indicadores que otros, mostrando así cuáles son las fallas en la Entidad que impiden que haya un Estado de Derecho idóneo.

Los focos rojos son los ministerios públicos y burocracia.

Al revisar cada uno de los 42 indicadores que conforman el puntaje general del Estado, las deficiencias más graves radican en el ministerio público, debido a que no se investigan los delitos de manera eficaz, pero también es foco rojo la burocracia y los costos para resolver problemas legales en materia civil, por lo que hay rubros en los que no sale bien librado.

Violaciones a las leyes y disposiciones legales.

Al observar el cumplimiento de la normativa, el WJP detectó que Yucatán tiene deficiencias en la aplicación de las leyes de manera efectiva, así como mantener los procesos administrativos al pie de la letra, lo cual significa que hay violaciones a las normas y son los rubros que también representan el “talón de Aquiles” de Yucatán.

Sin embargo, es la Entidad donde hay más respeto a los derechos humanos, especialmente derecho a la libertad de opinión y expresión, así como la libertad religiosa y de culto, trato igualitario y ausencia de discriminación, y libertad de asamblea y asociación. Estos logros descienden en la parte que corresponde a los derechos laborales, debido a que no se garantizan efectivamente.

Los funcionarios salen mejor evaluados.

En el factor de ausencia de corrupción, Yucatán alcanza un puntaje mejor que en el cumplimiento de las leyes, lo cual significa que los servidores públicos del gobierno estatal incurren menos en actos de corrupción que en otras Entidades como Quintana Roo, donde es un foco rojo este punto.

De acuerdo con el puntaje de cero a uno, el Estado de Yucatán alcanzó 0.48 puntos en el rubro de que los servidores públicos del Poder Judicial no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados, ni tampoco los del sistema de seguridad y de procuración de justicia.

No obstante, los diputados locales son quienes salen mal calificados en comparación con los servidores públicos del gobierno estatal y del Poder Judicial del Estado, pues su puntaje desciende a 0.34 porque sí hay abuso de sus funciones para conseguir intereses personales.

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