‘Packs’ y ‘nudes’ imparables en redes sociales de Yucatán

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La pornografía existe desde hace muchos años en México y por ende en Yucatán, sin embargo, a pesar de que se han detectado videos en plataformas digitales y el estado cuenta con una Ley contra la pornografía, no se ha visto ningún avance contra esa industria multimillonaria que deja impunes a sus promotores al tratarse de una “Ley muerta”, señalan grupos de mujeresactivistas

Y es que con la llegada de las redes sociales la facilidad de acceder a una de las múltiples plataformas digitales, páginas web y ahora Facebook para encontrar a mujeres y niñas con lencería e incluso desnudas es cada vez más fácil y en cuestiones  de segundos tendrás a tu alcance un “pack” como le llaman a una serie de fotografías con sentido íntimo.

“Hace muchos años fui víctima de una de estas páginas en Yucatán, en las cuales aparecí con poca ropa, era una página de mujeres, es decir, accedían lesbianas, mi amiga me preguntó si sabía que estaban circulando mis fotos y fue como me enteré y decidí entrar a la web a buscarlas y efectivamente, ahí estaban”, narró una joven que pidió ser identificada como “Laura” para guardar el anonimato.

Impunidad en Pornovengaza en Yucatán

Al darse cuenta de las fotografías sexuales y explicitas que ya estaban en la red, Laura decidió contactar al “encargado” de la página en Yucatán y pedirle que sus fotografías fueran eliminadas del navegador, pues estaban en la red en contra de su voluntad y sin su autorización.

Pese a que después de muchos intentos “Laura” consiguió que la página eliminara el contenido, al denunciar el hecho, las autoridades argumentaron que nada podían hacer porque no había las pruebas suficientes.

Algo muy similar le pasó a María, otra joven que al enterarse de que sus fotos circulaban por una venganza de su expareja.

“Estaba muy enamorada de Carlos, mi ex, me pidió que hiciéramos una sesión de fotos eróticas, cosa que quedaría entre nosotros dos y como lo amaba acepté a su petición sin pensar que al terminar la relación, me terminaría exhibiendo”, relató la joven de 24 años.

Las imágenes también circularon por las redes sociales sin su autorización; sus vecinos, amigos y hasta familiares lo sabían, pero la última en enterarse fue ella.

María acudió a la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) para interponer la denuncia correspondiente y luego de vuelta tras vuelta, le dijeron que las pruebas no eran suficientes y la joven optó por abandonar el trámite y sobre llevar este suceso.

La pornografía es una industria que deja al año miles de millones de pesos, los cuales son incalculables pues son varias las páginas que operan en este tema.

Packs sin consentimiento en Yucatán

En Yucatán desde el pasado 24 de mayo, es decir, a dos meses de cumplirse un año, el Congreso Local tipificó la pornovenganza como un delito penal. La ley que entró en vigor desde el pasado 1 de agosto y la cual estipula que quien divulgue o difunda fotografías eróticas, sexuales o pornografías obtenidas con o sin el consentimiento de la otra persona, simplemente será puesto a disposición de las autoridades y recibirá cárcel.

Hasta ahora parece que la historia es buena, que las mujeres podrán huir de este negocio y que será eliminada la degradación de la condición de la mujer, sin embargo,  esto no es así, pues dichas reformas al Código Penal quedaron en la “sala de espera”, quedaron en una Ley muerta que a decir de activistas y de mujeres de Yucatán que padecen este problema no se está aplicando.

Yucatán aprobó esta tipificación de delito mucho antes que Nueva York, por poner un ejemplo, este estado apenas aprobó este delito el pasado 1 de marzo del presente año imponiendo como castigado hasta un año de cárcel y mil dólares de multa, mientras que en Yucatán la pasada legislatura aprobó en las reformas, que se sancionara con penas de uno a cinco años de prisión a quien revele, publique, difunda o exhiba contenido erótico, sexual, o pornográfico obtenido con o sin consentimiento de otra persona, a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio.

Pero de acuerdo con activistas, en Yucatán la ley está muerta pues jóvenes que son víctimas acuden a la FGE la cual abre la carpeta de investigación sin que se actué con todo el peso de la ley en contra de las personas que difunden las imágenes de las mujeres.

De acuerdo con la activista, Ana Baquedano, quien promovió la ley, aún existen páginas que incluso extorsionan a jóvenes de Yucatán, a quienes les piden dinero a cambio de eliminar la imagen, o en su caso, les piden participar en video-llamadas en vivo con los “clientes”.

“En Yucatán existe una página que se ha dedicado a contactar a niñas y mujeres para extorsionarlas, pidiéndoles dinero, grabar videos desnudas o hacer video-llamadas en las que tendrían que hacer lo que el “cliente” les pida para no publicar sus fotos”, comentó Ana Baquedano quien también es cofundadora de Consentimiento digital A.C.

Al navegar por Internet, solamente en Facebook se pudo encontrar páginas que se dedican a compartir este material, entre las que se encuentran: “Cruch”, en referencia al nombre de las escuelas de nivel medio superior, como “Cruch Cobay”, “Cruch Uady”, “Cruch Cebetis”, en donde los adolescentes de Yucatán comparten fotografías de sus compañeras sin ningún tipo de autorización.

De igual manera, en la web se puede encontrar la página “Packs de México”,sitio en el cual se exhiben fotografías, las redes sociales, datos generales  y hasta la dirección de donde ubicar a la víctima.

Dicho portal www.packsdemexico.com solicita la membresía de los usuarios, el cual tiene un costo de 150 pesos por mes, o bien, proporciona material al correo “quieromipacricolino@gmail.com el cual de acuerdo a sus políticas concederá el acceso preferencial.

En entrevista con La Verdad Yucatán, Ligia Vera Gamboa del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) alertó que la ley no está cumpliendo con lo establecido y cuenta con un ineficiente proceso. Por lo que a pesar de que las victimas denuncian, como lo intentó hacer “Laura”, el trámite no procede por “falta de pruebas”, según la FGE.

“Tenemos un problema muy, muy serio con el daño a la imagen personal, porque si bien se llama “Ley de pornovenganza”, la ley puede estar muy bonita pero sino se lleva aparentado un reglamento de procedimientos no nos sirve y es justamente lo que está pasando en la FGE de Yucatán cuando la gente llega”, afirmó.

La activista, comentó que la dependencia ha reportado nueve denuncias desde que entró en vigor la ley, sin embargo, señaló que hasta el momento el Fiscal, Wilbert Cetina Arjona no ha revelado el inicio o final del trámite de por lo menos una denuncia.

“No está funcionando, o sea la ley está muy bien pero no va aparejada con un reglamento y un manual de procedimientos que complica mucho la denuncia y luego entra a todo el proceso legal, largo y cansado”, comentó.

Asimismo, señaló que la práctica continúa en Yucatán ya que a través de redes sociales, los jóvenes están creando páginas en donde comparten las imágenes de sus parejas sin su consentimiento.

“Tenemos casos en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en el instituto varias estudiantes han sido exhibidas en Facebook, por lo general jóvenes varones ponen fotos de sus “novias”, “amigas” o como les queramos llamar, pero están ahí sin su consentimiento. Esto sigue siendo una práctica cotidiana que a pesar de hay una ley no está siendo sancionado el hecho, esto lleva  a la impunidad y al decir “no pasa nada”.

Por otra parte, de acuerdo con la activista, Olimpia Melo Cruz, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad en Yucatán opera una red nacional de comercio sexual de mujeres y niñas en la web por las que pagan desde 5 hasta 500 pesos.

“Yucatán tiene un bastión de packs y nudes, que operan desde aquí a nivel nacional, creemos que más allá del tipo penal, tiene que haber una persecución del delito, no es posible que las autoridades se crucen de brazos”, comentó Olimpia Melo.

“Tiene que haber una persecución del delito, tienen que haber facultades de acción y no solo prevención a la policía cibernética y se debe hablar de todos los tipos de violencia para que realmente se garantice la seguridad de las mujeres”, dijo. La activista que promueve estos temas a nivel nacional mencionó que la población más vulnerable son mujeres entre 18 a 30 años de edad, porque representan el 87.2% de las victimas totales.

De igual manera, dijo que pidió que esto no se llame “pornovenganza” pues el término correcto es “violencia sexual”, porque no es una parte de una industria, ni tampoco es en respuesta a una falta cometida por la persona agredida y refirió que también debe castigarse a las personas que tomen fotos y videos de otras en la calle o mientras realiza alguna actividad sin su consentimiento, una acción que es la “favorita” de los “caballeros”.

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