Empresa inmobiliaria vuelve pueblo fantasma una ex hacienda de Yucatán

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La forma es la misma: con la promesa de gestión de documentos que los acrediten como dueños, personas extrajeras ingresan a los predios deejidatarios de Yucatán y toman medidas del terreno de sus viviendas con un sólo objetivo, hacer  un croquis de lo que será su nuevo proyecto dejando a cientos de familias sin hogar y sin patrimonio, en su mayoría mayahablantes, así lo afirmó el último Comisario Ejidal de la sub comisaria de Santa Teresa, en el municipio de Motul en Yucatán, José Manuel Tamayo Pool.

Más de 50 familias abandonaron sus viviendas, dejando a más de 300 habitantes lejos de sus raíces.

María Hermelinda y Suemi Dzul Dzib, las únicas familias que sobreviven en la ex hacienda henequenera Santa Teresa, recurrieron a la justicia federal al promover un juicio de amparo contra el despojo que pretende consumar Olivier Dutoit, representante de la Sociedad Inmobiliaria Gran Puente, nombre con el cual se presentó hace más de diez años, expresó una de las hermanas.

Empresa inmobiliaria vuelve pueblo fantasma una ex hacienda de Yucatán

Con gran pesar en la mirada pero con la convicción de luchar hasta el final por mantener la casa que su padre Silvino Dzul Lara les heredó, del cual lo único que conserva es el certificado parcelario; María Hermelinda recordó que unaseñora de “buena fe” de nombre Rosa María  y su hermana Paulina Franco Murillo llegaron a la comunidad para brindarles apoyo con juguetes y hasta despensas; a quienes les abrieron las puertas de sus humildes viviendas en el municipio de Yucatán.

“Nos traía juguetes para los niños, iba a la escuela para realizar actividades y hasta nos ayudaba con despensas, nos parecía que era una muy buena mujer. Meses después nos dijo que nos podía ayudar a solicitar los documentos y escrituras de nuestras casas, para lo que primero tenía que realizar las mediciones del terreno. Yo la verdad confié en ella y acabó con nuestro pueblo”, manifestó la señora.

Tras las mediciones, una fecha cercana al mes de junio del 2008  se realizó una operación de compra venta entre Hildalgo Jiménez, antiguo dueño del casco de la hacienda y la inmobiliaria Gran Puente ante el notario Fernando Castellanos, pasando incluso por encima de los derechos de los posesionarios y habitantes de las antiguas casonas; dejando sin validez el certificado parcelario que más de 50 antiguos trabajadores recibieron de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria en Yucatán.

Empresa inmobiliaria vuelve pueblo fantasma una ex hacienda de Yucatán

La quejosa informó que fue a principios del 2014 cuando las hermanas Franco Murillo que actualmente viven en la hacienda, por presuntas ordenes de Olivier Dutoit fueron las encargadas de ofrecer un pie de casa en otro sitio, bajo la condición de que desalojen sus viviendas los cuales eran antiguos caseríos o casonas de acasillamiento en Yucatán.

La propuesta fue rechazada por los pobladores, ante esa situación, Suemi platica para el periódico La Verdad que empezaron con la cancelación de servicios, el primero en cerrar fue la escuela que ofrecía kínder y primaria, el siguiente fue la iglesia y por último hasta la instalación de la luz y el agua.

“Venía la señora (Rosa María Franco) y les decía que tienen que dejar el lugar porque ya lo compró y todo le pertenece. Dijo que de todos modos nos va a desalojar, así que no nos queda más opción que aceptar. La verdad yo no quise pero muchos se fueron porque prácticamente nos amenazó”, indicó la entrevistada.

Hermelinda María, detalló que lleva viviendo en el predio más de 40 años, el cual, está marcado como tablaje catastral 381. Por lo que enfatizó que luchará hasta el final para mantener su vivienda.

La quejosa indicó que el pasado 2 de marzo recibió una orden procesal de los Juzgados Civiles bajo la causa 661/2015 para desalojar el recinto. Mencionó también que las hermanas le ofrecieron 120 mil pesos a cambio de dejar la casa, sin embargo, expresó que no le alcanza para construir una casa.

Por lo anterior, informó que luchará hasta el final por mantenerse en su hogar,en donde más de cuatro generaciones han crecido. A pesar de que a lo largo del lugar hay casas derrumbadas y selladas, así como un silencio aterrador, acompañado por guardias armados, envisten la hacienda en el municipio de Yucatán.

A seis kilómetros de ahí vive Blanca Hilaria Dzul Dzib, otra de las hermanas que dice extrañar lo fresco de su antigua casona, de la cual sólo quedan pedazos (hoy está derrumbada). Actualmente la señora y sus tres hijos viven en una casa en la comisaria de Uci, porque no les quedó de otra, que aceptar las condiciones de los dueños del recinto, recuerda con tristeza.

“Extraño mucho mi casita, mi hermana me dijo que ya fue derrumbada y aquí no tengo a mi familia cerca. Pero ya me dio mucho miedo quedarme ahí (Santa Teresa) porque los guardias están armados y así pasaban por nuestras casas, además que nos quitaron la escuela y todos los días tenía que traer a mi hija a la primeria de aquí (Uci) y era mucho”, manifestó la mujer.

Las casas que construyeron cuentan con  dos cuartos y un baño, mismos que ocupan 1,984.12 metros cuadrados. Las viviendas construidas por la presunta inmobiliaria fueron avaladas por el director del Catastro municipal de Motul en Yucatán, Ofir Abisai Pech Uitz. Por lo que ejidatarios y familias denuncian el nulo apoyo de la actual administración encabezada por  Roger Aguilar Arroyo, de permitir el despojo injustificado de los habitantes de Santa Teresa.

En tanto, todo se resuelve en los Tribunales; el sitio se ha convertido en un pueblo “fantasma”, sin gente ni viviendas.

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