El derecho a pedalear

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Yucatán es el estado con mayor porcentaje de viviendas que tienen bicicleta como medio de transporte (39 %), de acuerdo con el INEGI. Si bien este porcentaje baja en Mérida (25 %) debe tenerse en cuenta que muchos de los empleos relacionados con la mano de obra o con los cuidados domésticos son realizados por gente que vive en otras poblaciones del estado.

El 18 de diciembre de 2020 se incluyó en el artículo 4 de nuestra Constitución el derecho humano a la movilidad. Elevar un derecho a rango constitucional no es demagogia. Además generar consecuencias jurídicas para las autoridades, transforma la óptica con la que abordamos distintos debates públicos. Así lo demuestra un ríspido debate que actualmente se está dando en Mérida por la construcción de una ciclovía.

Como en muchas otras ciudades en las que los días calurosos son la norma, en Mérida ha persistido el mito de que el uso de la bicicleta es una opción cancelada por el clima. Esta creencia se ha arraigado principalmente en el norte de la ciudad, donde se localiza la mayor parte de las viviendas de clase media-alta y alta. Las colonias que presumen ser el rostro moderno de la ciudad –Campestre, Altabrisa o Montecristo- sorprenden por sus desoladas escarpas sin peatones. Se ven cientos y cientos de vehículos, pero no gente caminando. Las excepciones son personas trabajadoras provenientes de otras zonas de la ciudad e incluso de otras poblaciones del estado. Es en este contexto en el que la bicicleta fue por muchos años descartada in limine en todo debate público sobre movilidad –los cuales han sido históricamente liderados por hombres del norte de la capital yucateca-.

A finales del 2020, el Gobierno de Yucatán anunció el Plan de Infraestructura de Ciclovías que incluiría poco más de 70 kilómetros. Las críticas no se hicieron esperar. Voces como la Cámara de Comercio de Mérida subrayaron con vehemencia los “perjuicios” que generaría el proyecto –pérdida de carriles para coches y de espacios para estacionamiento- frente a los alegados escasos o nulos resultados –“nadie va a usarla por el calor”-.

Sin embargo, en todo debate público los datos duros importan. En medio del nubarrón de opiniones, los resultados del Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía arrojaron que Yucatán es el estado con mayor porcentaje de viviendas que tienen bicicleta como medio de transporte (39 %). Si bien este porcentaje baja en Mérida (25 %) debe tenerse en cuenta que muchos de los empleos relacionados con la mano de obra o con los cuidados domésticos son realizados por gente que vive en otras poblaciones del estado. Datos como estos no solo desmantelan el mito del insuperable divorcio entre la bicicleta y la población yucateca, sino que evidencian que la realidad urbana ha sido contada, analizada y planificada por un sector que privilegia como símbolos de desarrollo a los vehículos con aire acondicionado.

No es de extrañarse que las voces críticas con mayor acceso a los micrófonos mediáticos centraron sus ataques en los efectos que el proyecto tendría sobre Paseo de Montejo. Esta avenida de casonas galas de principios del Siglo XX fue diseñada con la idea de tener un pequeño rincón de París para quienes disfrutaban de la bonanza económica que significó la industria del henequén –a base de la explotación de indígenas mayas-.

El proyecto del Gobierno del Estado de Yucatán se queda corto –me parece incongruente al no incluir una urgente intervención en el sistema de camiones-, pero la medida va en la dirección correcta. Sí, la ciclovía amenaza el privilegio que han tenido los coches de ser el medio de transporte más cómodo y eficiente. Eso es prueba de que es una medida que se adecua a la realidad de quienes se desplazan por la ciudad. Y creo que ese era el sentido de incluir la movilidad como un derecho constitucional para todas las personas.

Por Kalycho Escoffié, vía animalpolitico.com

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